El Día Cero del Agua

Autor: Octavio Rosas Landa Ramos 

Licenciado en Economía por la UNAM Maestro en Geografía por la UNAM Profesor de Asignatura definitivo en el área de Historia y Desarrollo en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 2008.

Quisiera comenzar diciendo que en los dos días previos de este importante simposio hemos oído hablar del llamado “día cero del agua” y su controvertido significado. Hemos escuchado a especialistas, funcionarios y organizaciones civiles y de base comunitaria sobre los múltiples problemas, las propuestas para atenderlos, y algunas de las perspectivas centrales desde las que se puede abordar este tema tan complejo. En la conferencia inaugural y en la primera mesa del primer día, se mencionó que esta construcción suscita múltiples interrogantes: ¿A partir de qué momento podremos hablar de haber cruzado el umbral del “día cero”? ¿Cómo explicamos el proceso que nos conduce al “día cero”? ¿Para quién llegará ese “día cero”? ¿Qué implicaciones tiene aproximarnos a ese fatídico momento? ¿Con qué capacidades contamos para adaptarnos y emprender la gigantesca hazaña de prevenir la catástrofe? Hemos escuchado también que si lo pensamos como momento de arribo de un proceso de larga duración, el “día cero” puede ser conjurado mediante la adecuada planeación, el uso de instrumentos de gobernanza y medición de las condiciones de la cuenca y del sistema técnico de presas, estaciones de bombeo, plantas potabilizadoras y de tratamiento, así como la red de distribución que sostienen a la mayor parte de las y los pobladores de la cuenca del río Santiago; otras intervenciones han mencionado la ejecución de acciones públicas o de mercado que deberán articular una compleja red de agentes e intereses divergentes en un objetivo común: que no se anule la capacidad de extraer agua de la naturaleza y podamos, de alguna forma (aún no está claro cómo), salvaguardar intocado el modo de vida que nos hemos hecho, pero que es, el mismo tiempo, el que nos ha colocado en este dilema. 

Sin embargo, es imposible negar hoy la existencia y la gravedad de la crisis hídrica a escala planetaria y en México. A pesar de nuestra corta memoria social, nos es claro que durante periodos cada vez más prolongados y en regiones cada vez más extensas del territorio nacional y global es cada vez más difícil tener acceso al agua en calidad y cantidad suficientes para sostener el “estilo de vida” a que nos hemos acostumbrado y la producción autónoma de alimentos y otras actividades económicas fundamentales para la reproducción social. Como bien dijo Pedro Arrojo durante la inauguración, existen hoy más de dos mil millones de personas para las que el temible “día cero” es realidad cotidiana inescapable, e incluso debemos enfrentarnos a la dolorosa noción de que, en el caso del pueblo palestino, el día cero del agua es sólo parte una Nakba (catástrofe) prolongada por 75 años y que ha estado escalando al grado de genocidio durante el último año, si es que aún reconocemos lo que dice el Estatuto de Roma. 

Por lo general se asocia la inminencia de la llegada del día cero con los hábitos de consumo y el desperdicio de agua en el conjunto de la sociedad. De hecho, se nos plantea implícita o explícitamente que la escasez de agua es resultado de la falta de responsabilidad personal o individual de los consumidores, sin que se establezca una relación entre dichos hábitos individuales depredadores y el modo general en que se gestiona y administran los usos del agua en el país. ¿Significa eso que el comportamiento individual es irrelevante en relación con su creciente escasez? En absoluto. Más bien, lo que sostenemos es que los patrones de consumo individual del agua están estrechamente relacionados, pero subordinados a un patrón social de producción de riqueza y gestión del agua que va mucho más allá de la falta de responsabilidad personal de cada una o cada uno de nosotros. En otras palabras, aunque todas y todos nosotros cambiemos nuestros hábitos de uso y derroche de agua, el hecho es que la inercia del propio sistema económico apunta a intensificar la crisis porque la creciente escasez relativa de agua tiene como trasfondo la operación, funcionamiento y crisis de un modo de organización de la reproducción social en el que el agua es considerada, desde el paradigma económico dominante, como un bien presuntamente infinito. 

La irónica faz de la crisis del agua 

No deja de ser irónico el hecho de que la crisis permanente del agua que vivimos en la actualidad se despliega en un momento histórico en el que, por desgracia, no sólo debemos enfrentarnos con agentes de intereses oligárquicos bien definidos, para los que nunca ha habido crisis del agua porque la han acaparado y asumen dicho acaparamiento como un derecho “natural” de su clase social, sino que ahora debemos lidiar con líderes y tomadores de decisiones globales —a quienes esos intereses oligárquicos impulsan— que niegan abiertamente que existan siquiera las crisis del clima o del agua. Vamos, si hoy sabemos de la aparición de organizaciones que, por ejemplo, niegan la redondez de la Tierra o que las aves sean reales. Esas organizaciones existen porque alguien las financia y sabemos de ellas gracias a la aplicación aviesa del principio de la “libertad de expresión absoluta” que aplican las empresas de los nuevos medios de comunicación de masas (X, Meta, Microsoft, TikTok), y tienen acceso a canales masivos de comunicación para distraer a los usuarios de las mal llamadas redes sociales, y crear modos perversos de evasión de la realidad, porque así impiden o retrasan la necesaria acción social para atacar los problemas de verdad. 

Todo lo anterior no anula el hecho de que esta crisis, al igual que muchas otras crisis convergentes en marcha, es producto de la aplicación de una lógica económica que, así como considera al agua un bien “infinito” (es decir, que puede usarse y hasta derrocharse creciente e indefinidamente), la trata también como una cosa apropiable de manera privada, lo cual legitima a priori su acaparamiento para transformarla en lucrativa mercancía, susceptible a todo tipo de usos, incluyendo los más superfluos o irracionales, como la producción masiva de bebidas gaseosas, automóviles privados, el riego cotidiano de campos de golf o bien, su inyección en pozos petroleros y en el subsuelo para la extracción no convencional de hidrocarburos. En ese mismo sentido, la lógica económica ortodoxa que considera, sin fundamento, la imposibilidad del agotamiento del agua como recurso explotable, persigue además el crecimiento permanente de la producción, circulación, consumo y reproducción de la riqueza social como máximo objetivo social y moral (Gómez Garza & Galindo, 2024). Y, por si fuera poco, a posteriori nos reclama porque nos bañamos en más de 5 minutos, nos exige responsabilidad compartida y asumir con culpa que se agotará el agua, cuando muchos nunca conocieron otra realidad que el día cero. 

La aplicación práctica de la idea de que el crecimiento económico inducido por el progreso tecnocientífico conduce al desarrollo (entendido a su vez como crecimiento progresivo y sin fin de la productividad, de la rentabilidad económica, del ingreso y del consumo) ha detonado no sólo el mayor incremento de la riqueza social de la historia humana, sino también la emergencia y combinación de varias de sus peores pesadillas: continuas crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capital, deuda y especulación financieras, polarización social y económica, degradación ambiental, crisis climática, destrucción cultural, corrupción sistémica, violación de derechos humanos y, en consecuencia, como agudamente señaló André Gunder Frank (1967), al desarrollo del subdesarrollo, es decir, la profundización y complejización de la miseria social en la mayor parte de los países del mundo, a medida que se acrecienta la riqueza, su despilfarro y se acumulan los residuos de esa producción y su correspondiente toxicidad. Por ello, resulta comprensible que, en congruencia con esta misma lógica, se considere incompatible una idea del capitalismo a cuyo crecimiento se le impongan límites, como proponía el Club de Roma en 1973. Dicho en términos llanos: no hay sustentabilidad posible dentro del desarrollo capitalista, porque sólo estamos tratando de paliar, con ingenio, sí, con creatividad, sí, pero nos está vedado intervenir en discusiones como la de la pertinencia de continuar presionando el funcionamiento de los socioecosistemas que integran la cuenca introduciendo nuevas inversiones de capital que requerirán volúmenes crecientes de agua y otros recursos y que sólo pueden serles suministrados mediante la depredación de lo que queda. Es incompatible, en mi opinión, hablar de desarrollo sustentable en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental. 

A partir de estos dogmas económicos, que también se aplican a la tierra, al aire, a las semillas, a la educación, a la salud pública, a los residuos o a la energía, se han generado condiciones que nos acercan a una situación irreductible: el uso del agua como materia prima o auxiliar en la producción de mercancías de las que se pueden obtener ganancias crecientes, está ocasionando lo que John Bellamy Foster (2004) denominó “fractura metabólica”, esto es, la ruptura del nexo vital y eterno entre la sociedad humana y la naturaleza, como lo llamaba Marx (1977) y que posibilita nuestra persistente existencia en el tiempo. Tal fractura metabólica significa que nos aproximamos a un punto en la historia en el que ya no será posible continuar extrayendo y depredando las fuentes de agua para actividad alguna sin que ello ponga en riesgo extremo su disponibilidad y calidad para otras funciones ambientales y sociales. El problema verdaderamente serio consiste en que los múltiples procesos de acumulación capitalista en marcha siguen pretendiendo preservarse como “prioritarios” frente a cualquier otro uso posible del agua, incluyendo su acceso público para la atención de las necesidades vitales. Eso es lo que, en el fondo, representa la reducción del Derecho Humano al Agua (DHA) a un monto diario de agua, medido en litros, accesible para cada ser humano cada día de su vida. Más allá de si son 50, 75 o 100 litros por día, lo que significa esa propuesta es que el resto del agua, sus ciclos y los procesos ambientales, sociales y culturales vitales a los que está asociada no nos competen ni podemos decidir colectivamente, a partir de criterios de bien común, cómo preservarlos, porque con la delimitación de un volumen, siempre a la baja, del DHA reconocido, se está también delimitando el alcance de nuestra capacidad de intervenir y decidir sobre su destino, de prevenir su depredación, y de impedir su agotamiento. Asimismo, dicha limitación del DHA niega aquello que sostiene Inga Winkler, respecto a que el DHA no es estático sino dinámico, es decir, tiene grados de cumplimiento, y la definición de un volumen para el consumo individual constituye apenas un grado de cumplimiento mínimo, que no posibilita la vida digna, y mucho menos el desarrollo o florecimiento de la vida individual o colectiva plenas, en el que las necesidades colectivas e intereses de la nación (entre los que se encuentran las funciones ecosistémicas), son plenamente salvaguardados y se abre la posibilidad de su ampliación. 

No debe considerarse entonces casual el hecho de que en las últimas dos décadas hayan estallado en nuestro país —con frecuencia cada vez mayor—, cientos de conflictos sociales ocasionados por la falta de acceso al agua apta para el consumo humano; por las enfermedades crónico degenerativas e infecciosas ocasionadas por su contaminación urbana e industrial no atendidas; por las pérdidas de cosechas, ganado, viviendas, infraestructuras y vidas humanas causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos como sequías, inundaciones y deslaves; por la amenaza de su acaparamiento asociada a la construcción de megaproyectos; por la destrucción de sus fuentes a través de la depredación de bosques, selvas, humedales y otros ecosistemas vitales; o bien, por los graves efectos producidos en la integridad de los ecosistemas derivados de su contacto crónico o agudo con fuentes de agua contaminadas. Estos procesos no ocurren en el vacío, sino que están estrechamente relacionados con el crecimiento desregulado y hasta especulativo de las zonas urbanas y su delirante expansión de vialidades para un parque vehicular que dicta autocráticamente cómo debemos vivir y consumir, pero también deben asociarse con la proliferación de zonas industriales acaparadoras, derrochadoras y contaminadoras de las aguas nacionales como las empresas mineras, las regiones dedicadas a la extracción, procesamiento, almacenamiento y transporte de hidrocarburos, la manufactura de todo tipo de productos, la industria química, la agroindustria, las industrias turísticas, etc. Todas ellas, además de generar y verter residuos altamente tóxicos que permanecen en el ambiente y en los organismos vivos a perpetuidad, causan todo tipo de enfermedades crónicas y degenerativas (desde abortos espontáneos hasta malformaciones congénitas, todo tipo de cánceres y padecimientos renales, del sistema nervioso y hormonales, entre otros), y transfieren los costos de su tratamiento y manejo a gobiernos y sus poblaciones locales cada vez más precarizadas. De ahí que la crisis del agua que enfrentamos no sea sólo una crisis de acceso, sino general, asociada al modo como producimos, circulamos y consumimos toda la riqueza económica. En suma: la(s) crisis del agua es(son) crisis que expresan: 1) la decadencia de nuestra civilización material, 2) la incapacidad del sistema tecnocientífico capitalista para ofrecer soluciones no cosméticas a sus causas, 3) la perversidad del modelo neoliberal de gestión del agua y 4) la urgencia de que emerja un sujeto social que las enfrente y busque resolverlas. A continuación, hablaré brevemente sobre estos cuatro puntos. 

1) Decadencia civilizatoria 

El capitalismo como lo conocemos no puede ser ya identificado como sinónimo de progreso continuo o posibilidad abierta, y mucho menos como estrategia social viable para la supervivencia humana. De hecho, si algo mostró el neoliberalismo en sus crisis, fue la fragilidad e inconsistencia de sus bases discursivas y lo implacable de sus consecuencias materiales. Durante el periodo de la hegemonía neoliberal, la gestión de las necesidades sociales, económicas y culturales de agua se concretó mediante políticas públicas, normas jurídicas y actos de poder que condujeron, entre otros efectos, al despojo directo de las aguas nacionales en beneficio de intereses empresariales particulares (por ejemplo, promoviendo su privatización como agua embotellada, bebidas endulzadas y cerveza); a expropiaciones de tierras que fragmentaron y urbanizaron zonas forestales, selváticas y humedales costeros para proyectos de infraestructura que habrían de alterar el ciclo socio-natural del agua; a la exacerbación de la ya de suyo injusta relación entre la ciudad y el campo, a partir de la cual los campesinos e indígenas deben asumir permanentemente la ardua y peligrosa tarea de preservar bosques, selvas, montes y tierras de cultivo para abastecer a las ciudades de aire, agua y alimentos, mientras que nosotros les devolvemos corredores industriales o logísticos, represas y trasvases, minería a cielo abierto y montañas de residuos sólidos urbanos, industriales y biológico-infecciosos, sin olvidar la amplia gama de compuestos orgánicos persistentes en las aguas residuales que las industrias y servicios urbanos descargan en los ríos a través de los drenajes municipales; la gestión neoliberal del agua también condujo a desregulaciones ambientales que toleran la transformación de nuestros ríos, arroyos y canales de riego agrícola en drenajes, sacrificando así el abasto de agua en las zonas rurales y urbanas empobrecidas e híper degradadas de todo el país, sin tomar en cuenta que, en el campo mexicano, la mayoría de los productores agrícolas siguen siendo de temporal y casi la mitad del agua concesionada para uso agrícola es acaparada por sólo el 10% de los concesionarios (Rosas Landa et al., 2021). 

Como saldo de lo hasta aquí he expresado, podemos decir que, desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (hoy T-MEC), el territorio nacional perdió al menos una tercera parte de su superficie forestal, equivalente al área combinada de los estados de Chihuahua, Oaxaca, Aguascalientes y Colima y, con ella, incontables servicios ambientales, como la captura de agua; al menos 70% de los ríos y cuerpos de agua superficiales del país están fuertemente contaminados, impidiendo con ello el acceso al agua a millones de personas y a múltiples actividades de autosubsistencia; según cifras oficiales, al menos 157 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados por la desregulación de la agroindustria y el abandono de los servicios públicos de suministro y saneamiento de las aguas residuales; se estima que existen al menos 70 “infiernos ambientales” o Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, esto es, regiones enteras del territorio nacional que —además de concentrar actividades productivas altamente contaminantes—, presentan concentraciones muy elevadas de agentes tóxicos en sus aguas, suelos y aire, por lo cual aglutinan también los principales focos de incidencia de muertes por enfermedades crónico-degenerativas, como ocurre en la cuenca alta del río Santiago, en comunidades como El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande. 

Consecuentemente, amplias zonas urbanas y rurales del país se están quedando sin fuentes de agua aptas para consumo humano y la producción agrícola, en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y la CDMX, junto con su corona de ciudades, lo cual obliga a la población más pobre a depender del abasto irregular y más costoso consumo de agua en pipas o, peor aún, embotellada, mientras que los residentes de los barrios de altos ingresos disfrutan de agua de buena calidad las 24 horas del día y mucho más barata. Gracias a las iniciativas privatizadoras de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, la población mexicana es, desde hace años, una de las mayores consumidoras de agua embotellada en el mundo, para regocijo de empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Danone y Nestlé, que pretenden, a su vez, hacerse ellas mismas el greenwashing mediante fundaciones filantrópicas que “apoyan a las comunidades” a las que ya despojaron amparadas en la Ley de Aguas Nacionales. No debe entonces llamarnos a sorpresa el hecho de que padecemos también una crisis de la gestión de los residuos por el consumo de esa agua embotellada, de la que, por supuesto debe hacerse cargo el Estado o, mejor aún, las comunidades locales, que pagan con su salud y el éxodo rural, la pérdida de sus cuerpos de agua, su cultura y sus modos de vida. Es tan grave el impacto de la contaminación que genera el agua embotellada que hace algunos años, la organización El poder del consumidor estimó que en México se desechan anualmente alrededor de 7 mil millones de botellas de PET en rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto, en los caminos y, por supuesto, en los cuerpos de agua, reduciendo aún más su disponibilidad y calidad, pero la industria embotelladora jamás se hace cargo de su acopio y reciclaje, porque, a final de cuentas, toda la responsabilidad ambiental recae en las decisiones de los consumidores, sus hábitos de consumo y sus prácticas de manejo de los residuos. La crisis del agua tiene entonces apellido: creo que debemos hablar, más bien, de la crisis capitalista del agua y su día cero llegará cuando se fusionen el calentamiento climático y el calentamiento social, como se comenzó a expresar esta misma semana en las comunidades de Valencia, España, arrasadas por la DANA.  

2) El fracaso del sistema tecnocientífico 

Uno de los más ominosos signos de la crisis capitalista del agua radica en que, frente a la crisis climática y social detonada por el decadente termidor neoliberal, una parte del establishment científico que imparte cátedra en universidades como Harvard, Yale, Princeton o Stanford, ya instalado de lleno en el cinismo, propone desplegar tecnologías de efectos inciertos como la geoingeniería para manipular los sistemas terrestres, mediante técnicas como el “manejo de la radiación solar”, la “captura, almacenamiento y uso de carbono” y la “fertilización oceánica” (Grupo ETC) “para salvarnos de la crisis climática en ausencia de acuerdos vinculantes para detenerla”, según alega David Keith, científico de Harvard y uno de sus principales promotores globales, es decir, un clásico tecno-fix. Sin olvidar que esas mismas universidades participaban activamente, hace apenas un siglo, en la promoción de la eugenesia y la “teoría de la superioridad racial”, no podemos dejar de advertir que sus actividades de investigación y desarrollo son financiadas no para hacerle un favor filantrópico a la humanidad. Las solicitudes de patente de varios de estos “adelantos tecnocientíficos” vienen con factura: hace algunos años, una solicitud de patente de una start-up de geoingeniería planteaba que el vertimiento de toneladas de nanopartículas de hierro en las costas británicas contribuiría a “fertilizar” las colonias de algas marinas y, con ello, se incrementaría, además de la captura de carbono, las poblaciones de peces, por los cuales la empresa promovente exigía que se le reconociera la propiedad de todos los peces que su innovación hubiese contribuido a reproducir. 

Otra expresión de la crisis la ofrece la propia industria tecnocientífica: en el presente, está en marcha un vertiginoso proceso de sustitución del parque vehicular global, por el que se pretenden sustituir los más de mil cien millones de vehículos de combustión interna que circulan por las carreteras y caminos mundiales, por autos eléctricos. La justificación que se esgrime es la de que los autos eléctricos no generan emisiones de efecto invernadero al ser consumidos, pero poco se dice de las emisiones que genera su producción: la producción industrial de un auto, sin importar si es eléctrico o de combustión emite al menos dos toneladas de CO2 equivalente; tampoco se menciona su huella hídrica: cada automóvil producido, dependiendo de su tamaño, insume entre 200 mil y 450 mil litros de agua durante su ciclo de producción, desde la extracción de minerales hasta su puesta en venta y la extracción del coltán, mineral estratégico para la fabricación de las baterías de autos, celulares y computadoras, se realiza en países como la República Democrática del Congo mediante la esclavitud infantil y adulta. México es ya el 6° o 7° productor mundial de automóviles y el cuarto exportador mundial y no podemos olvidar que las fábricas de semiconductores que se trasladarán desde Taiwán hacia Arizona, en Estados Unidos, contemplan el acceso, mediante la estrategia del nearshoring, al litio mexicano y latinoamericano y al uso extendido de agua para su procesamiento, en una zona ya amenazada por la aguda escasez de agua. Les dejo el siguiente dato para la reflexión: según el portal Materialflows.net, la extracción de materiales minerales, energéticos y bióticos para la sobreproducción crónica de mercancías, que a su vez requiere grandes volúmenes de agua y nos ha colocado en el borde del fatídico “día cero”, alcanzó, sólo en lo que va del presente año de 2024, la demencial cifra de 104 mil millones de toneladas, esto es, un incremento de 299.9% respecto de los 34 mil 680 millones de toneladas de materiales extraídos en 1974. Los datos del portal advierten también que sólo en los últimos 6 años se ha extraído de la naturaleza un volumen de materiales equivalente a 75% de los extraídos durante todo el siglo XX. Si a ello agregamos la estimación hecha por Carbon Brief de que la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría significar la emisión de 4 mil millones de toneladas de CO2 equivalente hacia el año 2030, no debe entonces extrañarnos que este año —considerado ya el año más caliente en la década más caliente desde que hay registro—, rebasaremos por primera vez el umbral de 1.5°C de elevación promedio de la temperatura superficial de la Tierra. No veo razones por las cuales sentir optimismo por ese tan anhelado tecno-fix. 

3) El remedio neoliberal, peor que la enfermedad 

Si se mira el asunto desde la perspectiva de las necesidades sociales, el neoliberalismo respondió a la crisis del ciclo socio-natural del agua lo mismo globalmente que a escala nacional de un modo irracional, pero lógico, si se considera la respuesta desde su propia óptica y para sus propios fines. En términos generales, se adoptó el ya conocido alegato de que “el Estado es ineficiente y no tiene capacidad para hacerse cargo de este tipo de funciones, por lo que hay que asignárselas al mercado”. A ello sobrevino un agresivo programa, institucionalizado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), para lograr la privatización de los servicios municipales de abastecimiento de agua y saneamiento en las principales zonas urbanas del país, en beneficio de empresas trasnacionales como Aguas de Barcelona, Suez des Eaux, Veolia (antes Vivendi), Thames Water, Mekorot, etc. La privatización alcanzó la administración municipal del agua en Saltillo, Aguascalientes, Monterrey, Cancún y Puebla, entre otras, y significó elevación de tarifas, pero no el mejoramiento del servicio ni la ampliación de la cobertura a las zonas y poblaciones marginales. El testimonio de las autoridades municipales de Zapotlán el Grande es elocuente al respecto: “la ley nos asigna la responsabilidad, pero no los recursos para solventarla”. En contrapartida, la LAN criminalizó (al dejar fuera de su ámbito de competencia) la gestión comunitaria del agua, de la que se habló el lunes. De acuerdo con la investigación realizada por uno de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia del Pronace Agua de Conahcyt, en México existen y operan, en la ilegalidad, porque así lo determinó la hegemonía neoliberal, más de 28 mil sistemas comunitarios de agua (SCA) que abastecen de agua y saneamiento a más de 7 millones de personas, sobre todo en comunidades rurales apartadas en todo el país, porque los municipios carecen de capacidades técnicas y financieras para hacerlo, pero los SCA son asediados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual pretende desaparecerlos y trasladar sus funciones e infraestructura a los municipios, los cuales, al carecer de los recursos para hacerse cargo, se encargarían después de privatizarlos. Ese era el objetivo no explícito del programa Promagua que se estableció en Conagua durante la administración de Felipe Calderón, aprovechando la reforma a la LAN de 2004, promovida por el gobierno de Vicente Fox. 

Para responder a la crisis por la contaminación y sobreexplotación de las aguas nacionales, las autoridades ambientales y del agua en México (Conagua y Profepa) aplicaron la principal regla del régimen neoliberal: la desregulación de jure y de facto, es decir, dejar de prevenir, vigilar y sancionar, porque se presume como cierta y efectiva la suposición de que “el mercado puede autorregularse”, por lo que desapareció de la LGEEPA el título correspondiente a la regulación de las actividades de alto impacto, se transformó la Evaluación de Impacto Ambiental en un trámite administrativo y desaparecieron progresivamente en Conagua y Profepa las funciones de inspección y vigilancia ambientales que realizaba personal especializado. Al mismo tiempo, Conagua promovió la formación de grandes hidrofundios o acaparamientos de agua para uso agrícola e industrial, además de que dio prioridad a los usuarios no domésticos del agua, lo cual agudizó la crisis de abasto en ciudades como Monterrey, en 2022, que tuvo que ser providencialmente salvada por la “generosa filantropía” de Femsa, mediante donaciones de nuestras propias aguas nacionales, porque de suspender la producción de Coca-Cola, ni hablar. Adicionalmente, las autoridades neoliberales del agua abrieron oportunidad a nuevos negocios: la construcción de presas y trasvases, es decir, infraestructura para transferir grandes volúmenes de agua de una cuenca a otra, sin considerar que esa acción extenderá la crisis hacia las cuencas de las que se extrae el agua, en este caso, del río Pánuco. En suma, frente a las múltiples formas que ha adoptado la crisis hídrica en el país, ni el Estado, ni el mercado (y mucho menos su alianza) han desarrollado la capacidad de resolver cada una de ellas. 

4) ¿De dónde debe provenir entonces la solución de las crisis del agua? 

Resulta ciertamente abrumador para todas y todos escuchar todo lo que acabo de plantear, especialmente para las y los estudiantes, quienes serán los que tendrán que enfrentar íntegramente todas estas emergencias y desastres. Sin embargo, creo absolutamente pertinente que en las universidades comiencen a abrirse las discusiones sobre esta y el resto de las crisis convergentes que se combinan, potencian, porque sí necesitamos de toda la creatividad colectiva de la que seamos capaces echar mano para salir de este atolladero. Por ello, dejaré simplemente marcados algunos puntos, que no son todos, sobre algunas vías accesibles por las que creo que puede avanzarse a contrapelo de la tendencia actual: 

Aunque sabemos que existen enormes dificultades y obstáculos políticos para su aprobación legislativa, considero que es imprescindible la promulgación de una nueva Ley General de Aguas que garantice el más alto nivel posible de cumplimiento del derecho humano al agua, que reestructure de fondo a la Conagua actualmente capturada por intereses ajenos a los de la nación, que restablezca los instrumentos de prevención, inspección, vigilancia y sanción a su contaminación, acaparamiento y sobreextracción, que actúe en el sentido de la conservación del agua para las actividades económicas sustantivas y para los ecosistemas, que reconozca y apoye la autogestión comunitaria del agua y, por supuesto, deje claras las competencias, responsabilidades, apoyos y recursos con los que contarán las autoridades locales. Por supuesto, esa ley será absolutamente insuficiente para resolver los problemas, pero todas y todos podemos estar de acuerdo en que la ley vigente, la LAN, es un obstáculo para avanzar. 

Es igualmente necesaria una nueva alianza, pero esta vez entre el Estado y las comunidades (tanto las de base social que habitan y defienden los territorios, como las elegidas, por ejemplo, la comunidad académica y las organizaciones sindicales, que producen conocimiento teórico y aplicado y la riqueza social concreta). Esta alianza debe establecer una nueva ética de cuidado mutuo, basada en principios como el reconocimiento de la interdependencia entre actuantes, la responsabilidad compartida para actuar frente a las crisis, lo cual no significa que todos somos igualmente responsables de sus causas. Si en verdad queremos avanzar hacia la resiliencia y la cooperación sustantiva entre comunidades articuladas en torno de un bien común, que en este momento consiste en evitar llegar al día cero, necesitamos comunidades maduras, capaces de cooperación sustantiva, no competencia entre sistemas de producción de conocimiento. Los principios deben transformarse, a su vez, en nuevas prácticas productivas, afectivas, organizativas y de observación crítica para desarrollar y organizar las alternativas no destructivas a cada crisis del agua y debe ponerse el acento y la prioridad en la solución de las injusticias históricas que sufren comunidades como las aledañas al río Santiago y en la ribera del lago de Chapala. Lo anterior implica, ciertamente, la determinación de la deuda social y ambiental de las empresas y el Estado hacia las comunidades y su resarcimiento, no con dinero, sino con acciones compartidas. 

De cada actuante individual y colectivo la situación exige el desarrollo de capacidades e instrumentos que les conviertan —como sostienen Raúl y Luis García Barrios—, en verdaderos Sujetos Sociales Transformadores. A estos sujetos corresponderá definir las trayectorias y estrategias situadas y apropiadas de solución a las causas de las crisis del agua cuenca por cuenca, así como a cada una de sus expresiones regionales o locales particulares, y deberá establecer las modalidades singulares de organización popular y gubernamental local, regional, nacional y transfronteriza viables a tan grande hazaña. No hay solución a problema alguno sin un sujeto social que actúe en el sentido de definir, diseñar y actuar para construir una trayectoria de solución que nos permita arribar a un estado o situación en la que podríamos decir que hemos impedido la catástrofe. 

En el mismo sentido, no habrá Sujeto Social Transformador sin procesos de formación académica inter y transdisciplinaria a partir de una ética exigente, como bien planteó el lunes pasado el rector del ITESO. En mi opinión, abrir la discusión sobre el potencial catastrófico de la crisis del agua en Jalisco, en México y en el mundo, además de abrumarnos, tendría que movernos hacia el trabajo conjunto para hacer las preguntas incómodas que muchas veces no nos animamos a hacer: ¿Qué información es efectivamente útil y cuál es la manera pertinente de hacerla accesible a las comunidades locales para que no sólo se interesen, sino para que den el siguiente paso, que es involucrarse? En los años recientes, se implementaron los Pronaces de Conahcyt para contribuir a la consolidación de ese sujeto social, con diverso grado de éxito y fracaso, pero es un hecho que cientos de organizaciones de base comunitaria en todo el país están dispuestas a esa colaboración. El ITESO, en mi opinión, es un claro ejemplo de que esa colaboración transdisciplinaria no sólo es posible, sino que ofrece resultados, como lo atestiguamos ayer en la presentación del libro Crisis socioambiental en la ribera del lago de Chapala, producto del trabajo de varias y varios integrantes del Seminario Permanente de Estudios sobre el Agua. 

En relación con los instrumentos, como vimos ayer, es absolutamente necesario avanzar en el desarrollo de plataformas de datos e información, así como de su adecuación para hacerla relevante a escala de las comunidades que viven directamente la crisis en sus cuencas, porque seguimos requiriendo instrumentos unificados de ordenamiento y planeación territorial, ecológica y urbana. Para integrarlos, es necesaria no sólo voluntad política, sino el reconocimiento de que es indispensable para priorizar los usos del suelo y cumplir más eficazmente con el DHA. Si existiesen instrumentos como ese ordenamiento integrado, nunca se hubiese considerado siquiera, por ejemplo, la instalación de una empresa cervecera en Mexicali, Baja California, ni existiría otra más en Zacatecas. 

Suena imposible, pero existen las capacidades sociales para hacerlo. En la década de los sesenta del siglo pasado, para enviar y retornar con vida a un pequeño grupo de astronautas a la Luna, se involucró a casi medio millón de personas en torno de ese objetivo, que culminó con el alunizaje del 20 de julio de 1969. La solución de las múltiples crisis del agua nos convoca a muchas y muchos más, pero además esto ocurre en condiciones de enorme compromiso, urgencia y responsabilidad social para remontar todos los obstáculos normativos, económicos, políticos, técnicos y psicogenéticos que habrá en el camino. ¿Estaremos a la altura de las circunstancias?